La Confederación Nacional Agraria, CNA, denunció ante la opinión pública la aprobación de un paquete de medidas a través del Congreso de la República, que violan los derechos de los pueblos indígenas por favorecer a intereses de grandes empresas nacionales y transnacionales.

En efecto, el proyecto de Ley N.° 3941 -más conocido como el “cuarto paquetazo económico”- fue aprobado por la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente del Congreso y está listo para ser aprobado pese a las denuncias permanentes sobre el trasfondo de la norma que busca eliminar o reducir  “trabas” ambientales y administrativas para “reactivar las inversiones”.

Según expertos, el problema se agrava si se  sacrifica la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas al imponer de forma poco transparente, sin su participación y sin ningún tipo de consulta la mayor conveniencia para la comunidad, razón por la cual hay un movimiento que busca reunir más de 10 000 firmas de ciudadanos y ciudadanas indignados que buscan agotar las vías del estado de derecho para lograr su anulación.

Según los movimientos populares de Perú, el Ejecutivo ha aprobado otras normas que socavan la seguridad jurídica territorial y la institucionalidad campesina y nativas, valiéndose de la facultad de disponer de sus territorios en favor de las empresas mineras, atribución que corresponde a su máximo órgano, esto es, la asamblea comunal, conforme a lo dispuesto en normas de mayor jerarquía como la Ley General de Comunidades (N.° 24656), la Ley de Tierras (N.° 26505) y la propia Constitución.

Los indígenas y campesinos señalan que el gobierno de Ollanta Humala actúa de forma prepotente y contra los intereses de la población, queriendo aprobar normas “urgentes” sin informar ni consultar a nadie más que a los asesores de la Confiep.

Igualmente, se ha ignorado la participación de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas de nivel nacional, las cuales únicamente fueron “invitadas a la fuerza” por gestiones de la congresista Verónica Mendoza, para participar en dos sesiones en las que aprobó el proyecto, negándose el derecho a voz de los representantes indígenas en la última sesión, quienes de inmediato se retiraron tras manifestar su indignación.

Ante la gran decepción que significa este gobierno, que se llena la boca con la palabra “inclusión” y que olvidó por completo los compromisos políticos y sociales que asumió con el pueblo para llegar al poder con su apoyo, desde la CNA seguiremos denunciando esa actitud prepotente y dictatorial, que parece haber olvidado terribles experiencias de saqueo de los territorios y recursos naturales del país.