Columna de J.R. Bermúdez

Cada vez que hay una crisis de un sector de la producción rural: los corteros de caña frente a los ingenios en el Valle del Cauca, un hongo que arruina las plantaciones bananeras o cacaoteras, la infestación de plagas en los cafetales, la invasión insuperable de picudos o gusanos rosados en los algodonales, la caída cíclica de los precios de la papa o de la leche, los citadinos, que consumen esos productos y ven noticias, se acuerdan de ese mundo rural, curioso y lejano.

Otra ocasión para asomarse con algo de añoranza al campo, se presenta cada dos años, desde 1975, cuando lo rural se asoma a la ciudad en la feria de Agro Expo. Los grandes salones de Corferias se vuelven establos y salas de exposición de los animales y plantas más intensamente explotados por el hombre, con todas las maquinas, herramientas y servicios disponibles para las empresas rurales. Estos eventos y los paros son oportunidad para unas reflexiones.

Lo primero es confirmar que mientras los cultivo agro industriales prosperan y se diversifican, como los ingenios que aparte de azúcar producen alcoholes y otros derivados y las plantas de extracción de aceite de palma producen carburantes y otros productos, los desarrollos tecnológicos y la vida de más de 12 millones de campesinos y habitantes de municipios rurales, que hacen presencia, que ocupan territorio, viven muy precariamente. Esta desigualdad, ese desinterés por la vida de ese pueblo rural es lo que se manifiesta en nuestros días.

Los eventos que presenciamos este año en pueblos, carreteras, caminos, regiones, vuelve a poner en la mesa de negociación el siempre espinoso tema de la propiedad de la tierra, que se discute entre los voceros de la guerrilla y del gobierno en La Habana y que ha vuelto a interesar a la creciente masa de campesinos sin tierra, que fueron desde el principio el leitmotiv de la subversión.

Se vuelven a enfrentar los intereses de los grandes terratenientes y empresarios de explotaciones tipo plantación, con los minifundistas que, como el Maestro Darío Echandía pedía, sí le dan a la tierra un uso social, es decir, produce utilidades y bienestar a sus ocupantes porque cumplen la función de trabajar la tierra

Frente a esta realidad, los grandes productores quieren para sí, no solo las grandes extensiones de tierras baldías en la Orinoquia, la Amazonia y la región Caribe, sino los subsidios y servicios del Estado, porque no conciben que los pequeños productores, asociados, puedan ser tanto o más eficientes que ellos.

En el recinto ferial, por gestión de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, se discutió el problema que enfrenta a unos campesinos con el gobierno en la región del Catatumbo, donde la presencia del Estado es precaria y por lo tanto hay cultivos ilícitos, narcotraficantes, guerrillas, paramilitares, bandas criminales, contrabando con la colindante Venezuela y promesas no cumplidas del Estado, de hacer reservas campesinas, vías, e inversión social.

Allí se defendió el modelo de 17 asociaciones de pequeños productores de palma a las que están afiliados 1.500 productores campesinos, con suficiente tiempo de funcionamiento y resultados, con los que se demuestra que se puede hacer agroindustria con pequeños productores asociados, siempre que tengan el apoyo y no la represión del Estado.

Por otra parte, el modelo asociativo demuestra que no hay que hacerle esguinces a la ley para comprarles sus unidades agrícolas familiares a los campesinos, porque aglutinándolas, se puede hacer con ellas lo mismo que van a hacer los inversionistas Luis Carlos Sarmiento, Manuelita y socios inversionistas extranjeros con sus proyectos.

Y, finalmente, el Estado antes que reprimir esas expresiones de inconformidad popular, podría mostrar algún interés en acompañarlos, como muestra de un interés cierto hacia la solución de los problemas sociales del campo. Al fin y al cabo en la convocatoria a los diálogos se habló de paz con equidad e inclusión.

Julio Roberto Bermúdez es periodista asociado a la APE.