En un momento en que los agricultores están solicitando estrategias que disminuyan la pesada carga de costos de producción, el Banco de La República de Colombia, dejó conocer un documento en el que plantea que la totalidad de apoyos especiales para el campo deben ser solo para innovación y biotecnología.

La iniciativa cae como un portazo a la coyuntura que vive el país por cuenta de la masiva movilización de agricultores que abrieron una regadera de solicitudes para que los habitantes del campo no sigan transitando por el sendero de la ruina y cuando el gobierno busca atender esa peticiones al reconocer que desde hace tiempo existen problemas rurales que no se han solucionado.

Ahora, se suma a estas circunstancias, un documento elaborado por un exdirigente del sector agropecuario como Carlos Gustavo Cano, actual codirector del Banco emisor pero, además, expresidente de la Sociedad de Agricultores de Coloombia, SAC, y exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Según el experto, en adelante solo se deben asignar subsidios solo para la innovación para que la agricultura colombiana pueda aprovechar los tratados de libre comercio, con sus respectivas reglas de juego y oportunidades, así como la nueva realidad en la demanda de alimentos.

El directivo del Banco señala que, “en adelante en Colombia, en vez de seguir subvencionando el statu quo y la ineficiencia al vaivén de las presiones de grupos de interés particular, la totalidad de los subsidios y demás apoyos especiales a la agricultura deberían circunscribirse única y exclusivamente a la innovación en materia de biotecnología, al desarrollo de la llamada agricultura controlada y de precisión”.

El escenario agrícola, según diversos organismos, para los años venideros es de un amplio y permanente incremento en los precios de los alimentos, presionado por el crecimiento de los mercados emergentes y el cambio climático. Esto, sumado al uso de la biotecnología, permitiría quintuplicar el área.

Cano plantea que el mecanismo clave es usar el impuesto predial para prevenir la formación de burbujas especulativas en los inmuebles del campo. “Cuando acumular tierra no cuesta, su precio se torna intolerable”, dice.

Así las cosas, plantea que aumente el mínimo del impuesto predial y asegurar que todos los propietarios de la tierra cumplan con esta obligación, así como acelerar la actualización del catastro rural, que apenas va en la mitad del proceso.

Y es que las vulnerabilidades con las que, según Cano, quedó el sector agropecuario tras la negociación de acuerdos comerciales son otra parte de lo que se debe afrontar en los próximos años.

En ese sentido, el reporte sugiere que, en el caso del acuerdo con EE. UU., “tanto el Gobierno como el sector privado deben cuidarse de que la implementación del tratado no exceda lo estrictamente negociado, como sí sucedió por ejemplo en el caso del tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, el cual terminó con excesivo grado de apertura de la agricultura mexicana que no había sido no acordado en el texto oficial”.

A esto, añade que “sin renunciar al empeño de persistir en la senda multilateral como la opción óptima para su agricultura, el país ha hecho bien al gestionar tratados con otros mercados de alto poder adquisitivo como Canadá y Corea del Sur, y posteriormente con Japón”, aunque reconoce que los beneficios para el sector no se verán en el corto plazo.

Desde el 2006, el área cultivada en Colombia se mantiene en una extensión similar a la que había en 1990, dice el reporte.