Entender  lo campesino - en lo económico, social, cultural y aún político - en el mundo de la modernidad capitalista (y socialista) es  conflictivo. Para unos, liberales clásicos y marxistas, los campesinos son “rezagos de la sociedad tradicional”  sobreviviendo  en un mundo donde reinan  los mercados y el capital. Estarían  condenados a desaparecer transformados  en obreros, agrícolas o urbanos.  Otros críticos de   esa modernidad capitalista, ven en los campesinos, junto con  las consejos comunitarios afro y resguardos indígenas, a poblaciones “que resisten”  el avance de  las fuerzas homogenizadoras del capital, que todo lo reducen a competitividad y  conquista ilimitada de mercados.

Antimodernidad que  combinada con  el auge de la democracia directa (“la participación ciudadana”) y del ambientalismo, constituye  el núcleo de una izquierda agrarista que cree en el rescate de la tradición y las culturas autóctonas, defiende lo local y comunitario por encima de lo estatal,  la familia como el núcleo de la economía  campesina, lo vecinal en contraposición al cosmopolitismo de la modernidad capitalista. Una visión que tiene más en común con el hippismo de los 70,  el conservatismo clásico de un Edmund Burke o  las encíclicas papales, que con el marxismo propiamente dicho.

Colombia como ningún otro  país americano, tiene un alma y un sustrato campesino que es su matriz como sociedad, vigente frente a  la dinámica urbano-industrial. Vivió  procesos colonizadores importantes, caracterizados por su  espontaneidad y clara ausencia del Estado. Colonización hecha “a pulso” por familias campesinas expulsadas a los confines nacionales por la pobreza y falta de oportunidades o por la violencia que lleva  más de medio siglo ensañada con el campo. Familias pobres pero emprendedoras que como pocas han  forjado a Colombia, con sus bondades y sus  múltiples falencias. Campesinos marginados y dejados a su suerte en territorios donde las FARC vivían  igualmente marginadas pero armadas.

En el Encuentro  de zonas de reserva campesina reunido el pasado fin de semana en San Vicente del Caguán, estaban los hijos de los colonizadores de los 60 y 70, viviendo el mismo abandono que padecieron  sus padres, literalmente mamados dela guerra pero  condenados a  navegar  peligrosamente entre Farc y narcotraficantes, a la espera de  la acción gubernamental que finalmente les permita integrarse a la Colombia institucional, con un Estado legítimo que ofrezca  posibilidades crecientes  para acceder a los servicios a los que tienen derecho – salud, educación, vivienda, comunicaciones, cultura – y a que se les reconozca su ser y derechos como personas y como ciudadanos, para incorporarse a la modernidad sin con ello perder su alma campesina. Ni arrasados por la Historia ni marginados de ella.

No conozco un mejor instrumento público   para  servir de puente entre esas familias y comunidades colonizadoras, y el Estado con sus normas,  garantías y  políticas públicas. Contrario a lo que muchos puedan creer y a la estigmatización generalizadas, son  las Zonas, el mecanismo para lograr  que esas  comunidades orbiten finalmente en torno al estado colombiano,  alejándose de la órbita de influencia de las FARC. El tema polarizante de su autonomía, surgió de los foros agrarios realizados a finales del año pasado y no por iniciativa de las FARC,  y desaparecerá como reclamo campesino en el momento en que el Estado  empiece a cumplir con lo establecido  en la ley 160 de 1994 que las creó. Así de sencillo.