Mientras el país se debate entre los hechos de alteración del orden público y desórdenes ocasionados por el paro cafetero, los cultivadores de arroz  continúan pendientes de las acciones saque adelante el gobierno para ponerle fin a las acciones ilegales del “cartel” del arroz que ingresa el producto de contrabando por las fronteras e, incluso, por altamar.

Por el Putumayo, por ejemplo, en voz baja los habitantes reconocen y saben que entran decenas de camiones cargados de arroz ecuatoriano cada semana y ya no es ningún secreto pero son las autoridades colombianas las únicas que no lo saben o, entodo caso, no lo quieren ver.

Este fenómeno va ligado a la existencia de molinos ficticios del cereal en el departamento, particularmente en los alrededores de poblaciones como La Hormiga y San Miguel, dicen los pobladores, enb un informe de Héctor Sandoval en El espectador.

Adicional a esto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, asevera que cuenta con indicios de que los actores legales de la cadena se están aprovisionando de cereal ilegal traído de Ecuador.

Aunque la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, asegura que la producción en Putumayo no supera las 2.000 hectáreas, nadie se explica la existencia de 18 molinos, y son muchos los que sostienen que los pequeños productores están pagando las consecuencias de estar en medio de un departamento que es bodega del contrabando.

Rafael Hernández Lozano, presidente de Fedearroz, sostiene que el gremio ha pedido mayor presencia a la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, y también a la Dian, para ponerle freno al contrabando arrocero. “Han hecho cosas, pero no hay una acción más contundente”.

“El Putumayo se convirtió en la ‘vena rota’ por la que entra todo el contrabando; ya no es por Ipiales (Nariño), sino por allá, porque es zona roja donde hace presencia el frente 48 de las Farc. Los molinos (piladoras) han venido apareciendo en los alrededores de La Hormiga”, aseguró el dirigente gremial.

Como estrategia fachada, cuenta Hernández, vienen personas del Putumayo a las oficinas de Fedearroz para pedir un libro en el que los molineros registran las compras de arroz a los agricultores y también a pagar la cuota de fomento arrocero destinada a apoyar el crecimiento del sector. “Es obligación de nosotros entregarles ese libro si ellos constituyen legalmente un molino. ¿Qué debe hacer la Dian? Verificar si el arroz que compran a los agricultores es real”.

Según el dirigente, en la frontera con Venezuela falsos molineros reportaban a personas fallecidas como vendedores del cereal. “Los tipos pagaban una cuota de fomento por un arroz que no se había comprado”. Esta era la forma para legalizar el cereal traído de contrabando.

Pero adicional a este mal —que según la Andi les ha pasado una factura de $1,2 billones a los arroceros del país desde 2010 y que está permitiendo el ingreso de 300.000 toneladas por año bajo el manto de la ilegalidad—, Juan Ricardo Ortega López, director de la DIAN, asevera que “hay indicios no menospreciables” de que actores legales de la cadena arrocera están haciendo parte del sistema de contrabando y no de la solución a esta ‘enfermedad’.

“Parece que hay gente formal que está involucrada en la venta y distribución de contrabando. No todo el mundo está jugando limpio”, aseguró Ortega, quien insiste en que los pequeños arroceros del Putumayo necesitan precios más razonables, alejados del estigma de la ilegalidad.

“Existe el argumento de que todo lo que es del Putumayo es de contrabando y a los pequeños productores de la región les están pagando una miseria. Lo que producen son unas 400 toneladas que se van a vender en Bogotá, Cali y Caquetá”, sostiene el jefe de la Dian.

Recientemente, versiones de prensa circularon mostrando una denuncia en la que presuntos productores arroceros del Putumayo supuestamente les estaban vendiendo arroz ya procesado a reconocidos molinos, que desmienten tener como proveedores a contrabandistas.

Sin embargo, una fuente del Gobierno que prefirió no ser citada asegura que aún es incierto si estas denuncias son dadas a conocer para visibilizar peleas casadas desde hace varios años entre contrabandistas o incluso entre empresarios. “El sector arrocero no se está poniendo la camiseta para solucionar sus problemas y están peleando en plaza pública como cocineras”, indicó la fuente a este diario.

Esta misma también señaló que la Policía de Carreteras que está patrullando en las carreteras del Putumayo no está revisando si las tractomulas que viajan entre Mocoa (Putumayo) y el Huila llevan arroz de contrabando, mientras que sí está deteniendo a camiones de 10 toneladas —propiedad de pequeños agricultores legales que vienen cargados del cereal— para pedirles plata. “El pago de un peaje implícito —soborno— les vale $600.000. Ahí se mueve plata dura”.

Aparte del evidente contrabando que se filtra por la vena rota del Putumayo y de la existencia de molinos ficticios, a la Dian le cuestiona qué está haciendo el gremio arrocero con la cuota de fomento que pide a productores y molineros. “Ellos cobran un impuesto. ¿Cómo se gasta esa plata y por qué los pequeños no se benefician? Hay una discusión grande con esos parafiscales de los gremios”, dijo el director de la Dian.

Jeffrey Fajardo, director de la Cámara Induarroz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, comentó que más de 20 municipios del sur del país están de lleno en el negocio del arroz de contrabando. “Nadie tiene la capacidad de contener un volumen tan grande”.

Comentó que la Polfa le decía a la Andi que por tonelada de arroz de contrabando que llegaba al país, a los grupos al margen de la ley les estaba quedando una renta de $1 millón para financiar sus actividades. “Fedearroz ha gastado un montón de plata de los parafiscales monitoreando el contrabando. Necesitamos una respuesta del Gobierno para formular una política que les quite plata a los contrabandistas”.

Sin embargo, la Dian se defiende asegurando que en las frontera con Ecuador hay controles y que se están haciendo decomisos. Aun así, no es suficiente. “Lo único que se puede hacer es que la gente nos dé pruebas para poder desmantelar las estructuras que están ubicadas detrás de este tipo de negocios. Para eso se requiere información y que la ciudadanía colabore dándonos más evidencias de las que ya tenemos”, aseguró Ortega. “¿Por qué acá se pretende que los pobres de Colombia paguen el doble que los pobres de Ecuador por un plato de arroz? Sólo en la misma Tabatinga (Brasil) vale $1.200”, concluyó.