Miembros de diferentes organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de todo el país, participaron en Bogotá en un foro público sobre normas y leyes de semillas, organizado por la  Confluencia de organizaciones por la soberanía alimentaria (Grupo Semillas, Campaña Semillas de Identidad, Planeta Paz) y el Colectivo de Abogados José Alvear.

Según estas organizaciones, leyes como la 1032 de 2006  penalizan el uso de semillas protegidas legalmente, favoreciendo las semillas industriales, por encima de las semillas criollas, consideradas parte de la cultura ancestral de los pueblos de América, y de manera amplia, un patrimonio de la humanidad.

Con las nuevas normas, se criminaliza a los productores que posean semillas similares a las certificadas, con penas de entre 4 y 8 años de cárcel, y una multa de hasta 1500 salarios mínimos.

En el caso de la Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, dicha norma prohíbe producir y comercializar semillas sin la autorización de esta entidad, y la faculta para decomisar y judicializar a los agricultores que utilicen semillas “ilegales”, entre las cuales se encontrarían las criollas y/o nativas.

Si bien el ICA, según los participantes, se defiende diciendo que esta norma no abarca las semillas criollas y nativas, la forma en que está redactada la norma deja preocupación entre las comunidades rurales, que han conservado y protegido sus semillas desde tiempos inmemoriales.

Esta preocupación es aún mayor, cuando se mira la situación en otros países, en materia de semillas, donde progresivamente las normas y leyes han terminado por favorecer a las grandes empresas y criminalizar a quienes usan semillas tradicionales, situación que se ha tornado especialmente crítica en algunos países de Europa y en EE.UU.

En el año 2010 el ICA reportó el decomiso, en diferentes regiones del país, de 1.167.225 kilogramos de semilla, la mayoría de arroz; pero también de papa, maíz y fríjol, entre otras.

Según Camila Montecinos, miembro de GRAIN –organización que recibió el premio Nobel Alternativo en 2011- “se trata de un fenómeno mundial. Existen varias peleas jurídicas entre gobiernos que amenazan a quienes quieren cultivar sus propias semillas”.

Para Montecinos no hay que mirar estos ataques de forma aislada, dado que, a su juicio, hacen parte de un conjunto de medidas, que tienen una razón de ser principalmente comercial, y no fitosanitaria o sanitaria, como quieren hacerlo ver los gobiernos al prohibir, como es el caso de Colombia, el comercio de leche cruda o panela artesanal, así como el uso y almacenamiento de semillas.

Los pequeños productores, campesinos, indígenas y demás pobladores rurales, siguen siendo los responsables de al menos la mitad de la producción de alimentos en el mundo. “Apoderarse de las semillas es un primer paso en la concentración absoluta del negocio alimentario en el mundo. Dado que quien vende semillas certificadas, también vende pesticidas, lo que representa un mercado aún mayor”, aseguró Montecinos, desde Chile, vía Skype.

Los agricultores colombianos participantes denunciaron la destrucción de sus cultivos. Es el caso de campesinos de Campoalegre, Huila, quienes informaron del decomiso, el año pasado, de cerca de 1700 sacos de arroz, por parte del ICA. El organismo estatal no verificó si se trataba de semillas, ni estableció el tipo de arroz contenido en los sacos, y sin embargo, procedió a su destrucción, de manera arbitraria.

Otros agricultores denunciaron, asimismo, la imposición de semillas “mejoradas”, a través de programas gubernamentales, que llevan a los campesinos a comprar dichas semillas, junto con un paquete tecnológico que se les exige para acordarles créditos,  bajo la promesa de que aumentarán así su productividad. Esto los ha llevado a endeudarse e incluso a quedar en la ruina, como ha sido el caso con el maíz transgénico,  en Córdoba, o el algodón, en el Tolima.

La respuesta de las comunidades, ante estos ataques, ha consistido en seguir defendiendo y cultivando semillas criollas, pese a las amenazas de las cuales vienen siendo objeto, dado que para ellos “ser soberanos es ser autónomos”. “Quien tiene las semillas y la tierra, tiene el poder. Por eso las semillas deben ser patrimonio de todos”, estima Alba Portillo, campesina de Nariño y guardiana de semillas, como se le conoce a los sabios que transmiten el conocimiento ancestral y defienden la conservación y custodia de las semillas tradicionales, como garantes de la autonomía y soberanía alimentarias de sus comunidades, pero también del país, dado que más del 60% de los alimentos que consumimos las y los colombianos, tienen su origen en pequeñas parcelas campesinas, indígenas y de afrodescendientes.

El Gobierno nacional recientemente ha expedido nuevas normas sobre semillas y de propiedad intelectual sobre la biodiversidad, acorde con los lineamientos dictados por los Tratados de Libre Comercio y por las presiones de la industria semillera multinacional.

Estas empresas, según se dijo en el foro, controlan más del 75% del mercado global de semillas, presionan también a los gobiernos de los países biodiversos para que les sean entregados el control absoluto del mercado de semillas a través de leyes que permiten solo el uso de semillas protegidas legalmente y criminalizan la producción y la comercialización de semillas.

El decreto 345/94 sobre derechos de obtentores vegetales (que incluye el Convenio UPOV 78 y 91);  la ley 1032 de 2006, que modifica el artículo 306 del Código Penal, referente a la usurpación de los derechos de obtentores vegetales, y recientemente la Resolución 970 de 2010 sobre semillas, hacen referencia a la propiedad intelectual,  los derechos de los fitomejoradores, y regula la producción, uso, manejo y comercialización de las semillas.

La Ley 1032 de 2006 que modifica el artículo 306 del Código Penal y que se refiere a la usurpación de los derechos de obtentores vegetales. Esta norma penaliza el uso de semillas protegidas legalmente y también el uso de semillas que sean similarmente confundibles con una protegida, con penas de 4 y 8 años de cárcel y una multa de hasta 1500 salarios mínimos.

La Resolución 970 del ICA de 2010, que reglamenta la producción, el uso y comercialización de semillas en el País. Define que las únicas semillas legales son aquellas registradas y certificadas. Es decir, vuelve ilegal el uso de las semillas criollas y nativas que desde épocas ancestrales han conservado y utilizado las comunidades rurales. Esta norma prohíbe producir y comercializar semillas sin la autorización del ICA y faculta a esta entidad  para decomisar y judicializar a los agricultores que utilicen semillas “ilegales”.

Esto significa una criminalización a los agricultores simplemente por sembrar semillas que garanticen su seguridad y autonomía alimentaria. Actualmente esta norma dejo de ser papel y letra, a pasar ser un instrumento real para perseguir y criminalizar a los campesinos. En 2010 el ICA reporta el decomiso en diferentes regiones del País de 1.167.225 kilogramos de semilla, la mayoría de arroz; pero también de papa, maíz, trigo pastos, frijol, entre otras.

Este encuentro hace parte de la construcción de alternativas y acciones integrales, desde las organizaciones sociales y locales, que incluyen propuestas de conservación, recuperación y libre circulación de las semillas; igualmente acciones de resistencia frente a estas normas, y demandas judiciales para derogarlas.

Las semillas son patrimonio cultural de los pueblos y se convierten en elemento fundamental para  la soberanía y autonomía alimentaria de las comunidades locales, pero mediante las normas de semillas, el ICA regula su uso y su comercialización, y mediante un falso pretexto de garantizar la calidad y sanidad, está decomisando semillas a los agricultores en varias regiones del país. 

Razones para el debate

Actualmente se están modificando e imponiendo normas y leyes de semillas a nivel internacional y nacional, que apuntan a la privatización y el monopolio del mercado de las semillas, a manos de unas pocas empresas transnacionales.

A pesar de ser fundamental para el país, el tema alimentario se está volviendo cada vez más un asunto comercial, en detrimento del derecho a la alimentación, y la seguridad y soberanía alimentaria de las y los colombianos.

Muchas de las políticas gubernamentales de los últimos años están ligadas a la apertura económica y a los Tratados de Libre Comercio, TLC, en nuestro país.

Ha surgido toda una normatividad, en el ámbito nacional, que preocupa de manera especial a los pequeños productores. En especial, el Decreto 345/94, sobre derechos de obtentores vegetales (que incluye el Convenio UPOV 78 y 91) y  la ley 1032 de 2006, que modifica el artículo 306 del Código Penal, referente a la usurpación de los derechos de obtentores vegetales. Asimismo, la Resolución 970 de 2010 sobre semillas.